Mahmud Hashimi remueve su café con leche, servido en taza de porcelana. Sentado en un impoluto sofá Chester de la recepción del exclusivo hotel Carlton de Antananarivo, capital de Madagascar, nada hace pensar que este hombre de 38 años y mirada huidiza no deba estar ahí. No desentona con el lujoso entorno de este cinco estrellas, pero no es su ambiente. Hashimi (que no quiere dar su nombre real) no puede pagar los 111 euros que cuesta una noche porque apenas llega a fin de mes. Pero aunque le sobrara el dinero, no le permitirían registrarse como cliente: carece de pasaporte y de carné de identidad por ser un apátrida. No figura en ninguna parte como ciudadano de ningún país del mundo. Y nacer sin patria no es un problema menor: entre otros inconvenientes, no puede votar, ni acceder a servicios públicos, ni a contratos de empleo, ni abrir una cuenta bancaria.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que al menos 10 millones de personas en el mundo no cuentan con ninguna nacionalidad, pero es imposible concretar una cifra porque es difícil medir lo que no existe, al menos oficialmente. La mayoría de estos ciudadanos de ninguna parte suele pertenecer a minorías discriminadas por su etnia, religión o cultura. Así ocurre en Madagascar con los karanas, el clan al que pertenece Hashimi. No hay datos fiables sobre su número exacto; en 2018 unos 5.000 eran apátridas, de acuerdo con los líderes comunitarios y los estudios realizados por Focus Development, una organización que defiende los derechos de este colectivo. Pero en toda la isla hay otros 20.000 más que sí están nacionalizados, bien porque nacieron en otros países y tienen pasaporte extranjero, bien porque han conseguido la naturalización malgache pagando un soborno, o bien por sus antecesores.

Los orígenes de esta comunidad están en la región fronteriza entre la India y Pakistán, y llegaron a Madagascar hace más de un siglo. Hashimi cuenta su historia familiar una fresca mañana de principios de junio. “Mis abuelos paternos emigraron desde Afganistán, sin papeles y sin saber a dónde los llevaban. Mi abuelo materno era sudafricano y de mi abuela materna no sé casi nada, pero no era de aquí”, cuenta Hashimi. En resumen, todos eran extranjeros, por lo que cuando nacieron sus hijos no pudieron adoptar la nacionalidad malgache en virtud de la ley vigente.

Aprobada en los años sesenta, la ley de nacionalidad de este país insular sigue el principio de ius sanguinis: se otorga la ciudadanía a nacidos de padre o madre malgache. Cuando esta isla del Índico se independizó de Francia, en 1960, no se concedió la ciudadanía a los karanas porque no se les consideró de etnia malgache. Para Noroarisoa S. Ravaozanany, presidenta de Focus Development, el hecho de que sean predominantemente musulmanes ha contribuido a que se les perciba como forasteros.

Varias generaciones de apátridas

Los padres de Hashimi fueron apátridas, como después lo han sido sus seis hijos. Él recuerda cómo se dio de bruces con la realidad: “Tenía seis años y mi padre nunca estaba en casa. Me decían que, si alguien preguntaba, respondiera que estaba trabajando fuera”, describe. “Y cuando se ausentaba con mi madre, a los hermanos nos repartían entre las casas de otros vecinos para que la policía no sospechara”.

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Pero la razón por la que los cabezas de familia desaparecían no era el trabajo, sino la clandestinidad. Ambos tenían que esconderse porque en aquellos tiempos quienes carecían de papeles debían pagar una tasa para residir legalmente, algo inasumible para ellos. Solo les quedaba ocultarse para evitar la cárcel, pena prevista para quienes no regularizaban su situación. Según Graham Pote, responsable de apatridia de ACNUR, un número considerable de ellos permanece en detención prolongada previa a la expulsión porque no se les considera residentes legales y no hay país al que deportarlos. “Si estás en la cárcel, no puedes trabajar en nada; y si no trabajas, no puedes ganar dinero”, critica Hashimi.

Hoy día, con la introducción de la identificación biométrica, las tasas se han vuelto prohibitivas, denuncia Ravaozanany. Por ello, muchos karanas viven en la ilegalidad. Quien abona los 300 euros anuales que cuesta el permiso de residencia obtienen un carné donde en la casilla de “nacionalidad” figura la palabra “indeterminada”.

En 2017 se aprobó una enmienda a esta legislación para permitir que las mujeres malgaches casadas con extranjeros pudieran transmitir la ciudadanía a sus hijos, algo que hasta esa fecha estaba prohibido. “De los 26 países que aún tienen leyes similares, Madagascar se convirtió en el primero que eliminó de su legislación nacional esa restricción, pero el estatus administrativo de los karanas sigue sin resolverse”, explica Pote.

Mohammed Hosni, de la etnia karana, durante una entrevista en Antananarivo, Madagascar.Graham Pote

En una encuesta llevada a cabo por ACNUR en 2017, prácticamente todos los entrevistados manifestaron que habían intentado obtener la ciudadanía sin éxito. Que habían contratado abogados y solicitado los papeles durante años, sin respuesta. “Varias personas dijeron que se puede obtener, previo pago, un pasaporte malgache auténtico para viajar al extranjero para recibir tratamiento médico, pero que estos documentos son confiscados al regreso”, recoge el informe.

El problema de la apatridia afecta principalmente a los karanas de menos recursos porque son los que no pueden permitirse pagar ninguna clase de documento, advierte Pote. “Pero un karana no ha tenido que nacer necesariamente en Madagascar, puede provenir de otro país, como Francia o Estados Unidos, y, por tanto, no tener problemas”, abunda. De hecho, algunos han adquirido la nacionalidad francesa a través de un programa que Francia puso a disposición de los residentes de sus antiguas colonias.

Quienes cuentan con un buen respaldo económico pueden conseguir un permiso de residencia sin problemas. Los karanas son conocidos por su solvencia, pues controlan al menos un tercio de la economía malgache. En 2017, Forbes incluyó a cinco miembros de esta etnia entre los 10 mayores multimillonarios del país, entre ellos Ylias Akbaraly, propietario de Sipromad, la mayor empresa privada de Madagascar. “Algunos han conseguido abrir negocios y tener éxito. Pero esos disponen de un pasaporte o un carné de identidad que se lo permite. Pueden obtenerlos mediante sobornos”, asegura Pote.

Una cuestión de racismo

El temor del Estado a conceder la ciudadanía a los karanas se debe principalmente a que ello les permitiría comprar terrenos, algo que solo se concede a los nacionales. Se trata de una cuestión delicada porque los malgaches están muy apegados a la tierra de esta gran isla roja, a la que consideran el tesoro de sus antepasados. “Existe el cliché de que todos ellos son ricos y por eso se cree que, si les dan papeles y derechos, se quedarán con el país”, denuncia Ravaozanany.

De hecho, el racismo es patente. Desde la década de 1980, los barrios de esta minoría han sido devastados en periódicas campañas de odio que Hashimi aún recuerda. “En los noventa hubo muchos disturbios. La gente atacaba nuestros comercios, nosotros nos ocultábamos en mezquitas y yo veía cómo rompían las tiendas. Cuando la gente se enteraba de tu origen, automáticamente te consideraba mala persona”.

Desde 2010, más de un centenar han sido secuestrados y liberados a cambio de elevados rescates, denuncia la fundación alemana Rosa de Luxemburgo. “La posición económica y la opinión pública xenófoba hacen impopulares los intentos de mejorar su estatus jurídico”, sostiene Ravaozanany. “Los malgaches no discriminan a los apátridas, pero discriminan a los karanas”, añade.

Fuera de ese círculo privilegiado se quedan los más pobres, como Hashimi y su familia. Este hombre ni tiene ni tendrá un empleo formal, dado que no puede firmar un contrato laboral. “Me gano la vida como intermediario entre personas que compran y venden distintos bienes”, afirma. Cada mes se pone el objetivo de llegar a 500.000 ariari (100 euros), que es lo mínimo que necesita para cubrir electricidad, alquiler, tasas escolares, arroz… Reconoce que casi nunca llega, pero le salva que su esposa sí es malgache y trabaja como profesora en una escuela de educación primaria.

Gracias a la enmienda de la ley de nacionalidad, los tres hijos de Hashimi sí han podido adoptar la de su madre. Además, las autoridades son cada vez más conscientes del problema. En diciembre de 2019, el senador Mourad Abdirassoul presentó un proyecto de ley para modificar la legislación con el fin de resolver la apatridia para 2024, y está siendo examinado actualmente.

Hashimi, que rechaza ser fotografiado y dar su nombre real porque no quiere que le identifiquen, dejó de pagar la tasa de la residencia en 2000, cuando se mudó a Fianarantsoa, en el centro de la isla. “Allí, la policía no se preocupa de quién es quién. Además, intento integrarme en la comunidad en la que vivo. He sido bien recibido”, asegura. La clave, a su juicio: que nadie ha averiguado que es apátrida.

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