La división del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista de Bolivia, se ha convertido en una guerra abierta. El pasado fin de semana se realizó un congreso de los sindicatos campesinos que, tras una batalla campal con 450 heridos y la intervención de la policía, terminó en la proclamación de dos directivas distintas: una reconocida por el Gobierno de Luis Arce y otra por el expresidente Evo Morales. Estos son los líderes en pugna por el control del partido y por encabezar la candidatura izquierdista en las elecciones de 2025. El MAS no es un partido convencional: está conformado por las organizaciones sociales bolivianas.
Días antes, el ministro de Justicia anunciaba que enjuiciaría por calumnias a Morales, quien lo había acusado de manipular la justicia en beneficio personal. Esto supuso el escalamiento de un conflicto que comenzó hace dos años, poco después de la asunción de Arce al poder.
“Por instrucción del presidente Luis Arce, operadores políticos del Gobierno y la policía han perpetrado un atentado criminal” contra el congreso campesino, escribió Morales en una red social. Morales denunciaba que la policía lanzó gases lacrimógenos en el coliseo de la ciudad de El Alto en el que se realizaba la reunión. El Gobierno rechazó esta denuncia. Según las autoridades, quienes activaron granadas de gas en medio de una sesión de madrugada fueron delegados embriagados del “ala radical”, es decir, seguidores de Evo Morales. La prensa reportó que dos grupos de delegados campesinos se enfrentaron con armas blancas, botellas y palos. Hubo 450 heridos leves y un policía se encuentra internado por un traumatismo grave.
La batalla verbal también se ha intensificado. “Si Luis Arce quiere ser presidente, que se busque otro partido”, declaró hace poco Gerardo García, el vicepresidente del MAS y miembro de la facción “evista”. García ha señalado varias veces que “el MAS no está en el Gobierno”. Ahora el propio Morales asumió este tono discursivo, tras meses de evitar chocar directamente contra el presidente Arce. No solo culpó a este del conflicto en el congreso campesino, sino que declaró que el juicio en su contra que había anunciado el ministro de Justicia Iván Lima y que este describía como “estrictamente personal”, respondía en realidad a una orden de Arce. Lima busca defender su honor tras haber sido acusado por el expresidente de influir sobre el comportamiento de los tribunales en coordinación con el bufete de abogados que le pertenecía antes de su elección como ministro. Este despacho, ahora conducido por su hermano, está involucrado en causas contra el Estado. “Debe buscarse un buen abogado”, le aconsejó a Morales.
Bastó el anuncio de este proceso, que no se ha concretado hasta ahora, para que se produzca una airada reacción de los incondicionales del líder indígena, que atacaron al ministro involucrado y al Gobierno con toda su artillería. Entonces, estos respondieron. Las acusaciones de “colaboración con el narcotráfico”, “corrupción”, “incumplimiento de la palabra empeñada”, “derechización”, “divisionismo” y “traición” vuelan de un lado al otro. El “evismo” también dice que el Gobierno está deteniendo a algunos de sus dirigentes, como el gobernador de Potosí, que actualmente está preso; los funcionarios lo niegan y señalan que los arrestos se debieron a asuntos judiciales ordinarios.
Tanto el presidente Arce como el vicepresidente del país, David Choquehuanca, asistieron al acto de inauguración del congreso de los campesinos. Fueron abucheados por un sector del auditorio. Alguien no identificado saboteó el sistema de sonido mientras Arce hablaba. Por el desorden del congreso, en el que participaban cientos de delegados, resulta difícil determinar cuál sector era el mayoritario.
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En octubre se realizará una reunión clave para el destino de la dividida izquierda boliviana. Evo Morales ha convocado a un congreso del MAS en su baluarte, el Chapare, para renovar la dirección del partido y elegir al candidato presidencial. La facción gobiernista se opone al lugar en el que se planea realizar y planteó objeciones legales ante las autoridades electorales. Algunos observadores creen que habrá dos congresos y que, igual que lo que está ocurriendo con las organizaciones sindicales, de ellos emergerán dos MAS, uno dirigido por Morales y otro por Arce. El problema, entonces, pasará a manos del Tribunal Electoral, que tendrá que determinar cuál de estas dos agrupaciones es legal y cuál tendrá que cambiar de sigla. El competir con el nombre y las banderas tradicionales del partido más grande de Bolivia es muy importante para lograr el apoyo del electorado rural, que ha votado invariablemente por estos símbolos desde hace 20 años.
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