Meloni gobierna Italia a ‘decretazo’ | Internacional

Antes de las vacaciones de verano de la agenda política italiana, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto ley que contiene reglas para materias dispares. Aborda desde la interceptación de las comunicaciones en los procesos judiciales hasta la lucha contra los incendios forestales; desde las licencias del taxi hasta los sueldos de los directivos de una empresa privada; desde la rehabilitación de los toxicómanos hasta la subida de los precios de los billetes de avión a las islas o la presencia del cangrejo azul en el Mediterráneo.

Este cóctel de normas quedó englobado con una terminología suficientemente explícita en el decreto omnibus, una palabra latina que significa algo así como “para todo”. Este ejemplo, aunque no es el primero de su tipo que aprueba Meloni, ilustra la particular inclinación del Gobierno por los decretos. Son figuras contempladas en la Constitución solo para casos excepcionales y que dejan poco espacio a la oposición, aunque son mucho más rápidos y ágiles que el tradicional proceso legislativo en el Parlamento, pues este pasa por debates en las Cámaras que pueden alargarse meses.

El uso excesivo de esta herramienta jurídica se ha convertido en una distorsión de la Constitución. Los decretos son un mal común de la política italiana que favorece la concentración del poder legislativo en manos del Ejecutivo, pero todos los gobiernos anteriores, técnicos y políticos, los han utilizado en abundancia. Aun así, el Gobierno actual destaca por haber batido récords, superando a sus predecesores. Según los datos recogidos por la fundación Openpolis, que investiga sobre política y economía, el de Meloni es el Gobierno italiano que más decretos ley ha publicado de media al mes en los últimos 15 años, con 4,17; seguida de Mario Draghi, con 3,2 y de Giuseppe Conte con 3,1, que gobernaron durante las fases más críticas de la pandemia de coronavirus. En total, la primera ministra ha elaborado un total de 25, frente a solo cinco leyes ordinarias, en menos de ocho meses, hasta mayo de 2023.

El abuso es tal que incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y no acostumbra a valorar las decisiones del Ejecutivo, ha criticado en diferentes ocasiones el uso tan poco escrupuloso.

A finales de febrero, cuando en la conversión de un decreto en el Parlamento se insertaron 205 apartados adicionales a los 149 que incluía el texto inicial, Mattarella envió una carta a Meloni y a los presidentes de las Cámaras. En la misiva, el presidente lamentaba que estos se hubieran convertido en “meros contenedores de las intervenciones normativas más dispares” e invitó a volver a situarlos “dentro de los límites constitucionales”.

Dado que la situación no mejoró, el pasado mayo, Mattarella se vio obligado a intervenir de nuevo y se reunió con los presidentes de las Cámaras para reiterar su petición y tratar de poner orden.

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Las críticas de Meloni del pasado

En el pasado, sin embargo, la propia Meloni fue una de las voces más críticas contra esta práctica. Por ejemplo, a raíz de una reforma de la RAI llevada a cabo por el Gobierno de Renzi en 2015 mediante esta vía, la actual primera ministra calificó de “gravísimo” el uso de “un instrumento jurídico previsto por la Constitución solo para casos de necesidad y urgencia” con el objetivo de “saltarse al Parlamento”. En 2020 también cargó con dureza contra los aprobados por Giuseppe Conte durante la pandemia. “¿Qué es tan urgente como para pasar por encima del Parlamento? ¿Todavía tenemos Constitución en Italia?”, lanzó entonces.

Un Gobierno como el de Meloni, que tiene una amplia mayoría parlamentaria, puede permitirse plantear leyes por el cauce ordinario, y, sin embargo, recurre a inserciones de este tipo incluso en el último minuto, ya que la oposición no cuenta con el número suficiente de diputados para bloquearlas. “Aunque pueda resultar demagógico e irresponsable, es normal este cambio de opinión en política”, señala Piero Ignazi, politólogo y catedrático de la Universidad de Bolonia.

Nicola Lupo, politólogo y docente de la Universidad LUISS de Roma y director del Centro de Estudios Sobre el Parlamento, considera que en casos como el del actual Ejecutivo de coalición, gobernar a golpe de decreto ayuda también a zanjar divergencias entre los socios. “Es una práctica demasiado cómoda que permite a las distintas fuerzas políticas que constituyen la coalición encontrar un punto de encuentro y hacer que entre en vigor inmediatamente”, apunta. Y coincide: “Es sintomático que lo utilice con tanta insistencia un Gobierno que cuenta con una clara mayoría en las dos Cámaras del Parlamento y que, gracias a la reducción del número de diputados y senadores, no puede ni siquiera invocar la excesiva lentitud del trámite legislativo ordinario”.

La fundación Openpolis subraya en su informe que recurrir a esta herramienta confirma la voluntad del Ejecutivo de Meloni de intentar que se aprueben las medidas previstas en el Consejo de Ministros “limitando al máximo los momentos de confrontación, tanto dentro como fuera del Parlamento”. Y resalta otro de los riesgos de la proliferación excesiva de esta figura: que está privando al Parlamento de su función legislativa y reduciéndola únicamente a la posibilidad de introducir enmiendas a lo aprobado por el Gobierno. “Este recurso satura el orden del día de las Cámaras del Parlamento, que no tendrán mucho tiempo para dedicarse a otra cosa”, reza el informe.

Los gobiernos suelen emplear los decretos con fines más políticos que prácticos, pues han encontrado en ellos el modo perfecto para intervenir velozmente en cuestiones de actualidad con el objetivo de mostrar a la opinión pública que se están ocupando de los temas más debatidos y candentes.

Así, Meloni está “acentuando” un fenómeno del que ya se había abusado en el pasado, con el objetivo de “trasladar a la opinión pública la imagen de que el Gobierno tiene capacidad de acción e intervención rápida”, considera Ignani. “Se usa también en casos en los que en el Ejecutivo no hay mucha confianza en el pasaje parlamentario ordinario por temor a que la oposición tumbe algunas propuestas”, añade.

Es de la misma opinión el politólogo Roberto D’Alimonte, que define el procedimiento legislativo ordinario italiano como “farragoso y lento” y considera que se recurre a esta práctica “para acortar tiempos y porque quita espacio a la oposición”.

Daños colaterales

Otro problema de abusar de los decretos es que, en los 60 días que transcurren antes de la conversión a ley, a menudo se insertan en el texto medidas adicionales que contribuyen a hacer la norma aún menos homogénea y específica, requisitos impuestos por la Constitución para los decretos. Por ejemplo, en marzo, en uno sobre ayudas para mitigar el alto precio de la energía, se incluyó en el Parlamento una enmienda con una pequeña amnistía para los evasores fiscales.

Aparte del riesgo de quebrantar los principios jurídicos, esta técnica conlleva otros peligros prácticos. Para que un decreto se aplique efectivamente, es necesario que los ministerios implicados aprueben a su vez una resolución que explique al detalle cómo debe ponerse en práctica la ley. Los llamados omnibus empeoran la situación, porque necesitan una resolución para cada medida diferente. El resultado es una marea de normas que, más allá de su impacto mediático, acaban quedando en papel mojado.

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