Cuatro veces en cuatro meses. El expresidente de EE UU Donald Trump parece a punto de verse imputado de nuevo esta misma semana. En esta ocasión, en la sureña Georgia. Un gran jurado tomaba declaración al menos a dos testigos el lunes y el martes en la investigación al cargo de la fiscal Fani Williams sobre posibles injerencias para alterar el resultado electoral de ese Estado. Se espera que inmediatamente después de esos testimonios, el gran jurado dé luz verde a la acusación formal contra el ex mandatario. El caso se sumará al resto de las imputaciones para complicar lo que ya se promete como una campaña electoral dominada por los problemas judiciales del exmandatario.
El propio Trump, siempre deseoso de ofrecer primicias sobre sí mismo, daba por segura su cuarta imputación. “Tengo entendido a través de filtraciones ilegales a medios de noticias falsas que la falsaria Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, quiere desesperadamente imputarme por la ridícula acusación de manipular las elecciones de 2020. ¡No, no manipulé esas elecciones!”, escribía en su red social, Truth.
Un pliego de cargos que el tribunal del condado de Fulton colgó brevemente en su página web y retiró casi de inmediato, pero que pudo ver Reuters, mencionaba como acusado al expresidente y citaba entre los cargos el de violación de la ley estatal antichantaje, conspiración para perpetrar declaraciones falsas, conspiración para falsificar documentos y solicitud a un funcionario público de que violase el juramento de su cargo. Se desconoce por qué se publicó y se borró el documento, que Williams ha calificado de “inexacto”, según la agencia de noticias.
De confirmarse la imputación, el caso se sumará a los tres que ya arrastra el antiguo inquilino de la Casa Blanca y actual aspirante republicano a regresar a la presidencia. La primera imputación llegó en marzo, cuando el fiscal de Manhattan le acusó de falsificación contable en relación con pagos para comprar el silencio de una actriz porno sobre su supuesta relación sexual. En junio llegó la segunda: el fiscal especial Jack Smith le responsabilizaba de violar la ley de espionaje al guardar sin permiso documentos clasificados de su etapa presidencial en su residencia privada de Florida, Mar-a-Lago. El pasado día 2, de nuevo Smith volvía a presentar cargos contra él, esta vez en el caso más grave hasta el momento: la supuesta injerencia del presidente en los intentos de alterar los resultados electorales de 2020.
Se espera que Williams presente cargos relacionados con el caso también contra una docena de colaboradores de Trump, entre ellos posiblemente el abogado personal del expresidente Rudy Giuliani. El exalcalde de Nueva York admitió recientemente que había mentido sobre la praxis de dos funcionarios electorales al afirmar la existencia de un fraude.
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El caso de Georgia enlaza con el del fiscal especial federal, pero se ciñe a los intentos de cambiar los resultados en las urnas en ese Estado. Concretamente, en el condado de Fulton. Los votantes apoyaron en noviembre de 2020 al candidato demócrata, Joe Biden —el ganador de esas elecciones estadounidenses—, aunque solo por una exigua mayoría de menos de 12.000 votos. En una llamada telefónica grabada, Trump habló con el secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021, para instarle a dar la vuelta al resultado. “Solo quiero encontrar 11.780 votos”, uno más que los cosechados por Biden, se oye pedir a Trump en el audio.
“Datos incorrectos”
En la conversación, el entonces presidente saliente —le quedaban 18 días en la Casa Blanca— ruega, alaga, insiste y advierte a Raffensperger, siempre con el argumento que ha mantenido desde su derrota electoral: que el verdadero ganador fue él y los datos oficiales son fruto de un inmenso tongo. El funcionario no accedió. La victoria de Biden había sido legítima. “Los datos que usted maneja son incorrectos”, replica Raffensperger a Trump en esa charla.
El ahora aspirante presidencial sostiene que solo hizo “una llamada perfecta de protesta” al telefonear al funcionario, según ha declarado este lunes en Truth, su red social. El magnate alienta de nuevo el argumento que ha ido perfilando a medida que ha recibido imputación tras imputación y que se ha convertido en la base de su estrategia electoral: que todos sus problemas judiciales forman parte de una conspiración de los políticos demócratas y medios afines para impedir que él vuelva a la Casa Blanca y se pueda convertir en paladín de los republicanos de a pie. “¿Por qué no se presentó este caso hace dos años y medio? ¡Injerencia electoral!”, protesta.
Además de la llamada telefónica a Raffensperger, Willis también ha investigado el acceso informático ilícito a los sistemas de las máquinas de votación electrónica en un condado rural de Georgia y un complot para utilizar electores falsos en un intento de captar los votos de ese Estado bisagra, que en esos momentos se perfilaba como determinante para el resultado nacional de los comicios así como para derrotar a Biden.
Rechazar conspiraciones falsas
Los dos testigos que han confirmado públicamente que habían sido convocados a declarar son el periodista George Chidi y el ex vicegobernador de Georgia, Geoff Duncan. El antiguo alto funcionario, como el resto de la alta jerarquía del Estado, ha sido muy tajante en rechazar las teorías conspiratorias falsas de Trump sobre los resultados de las elecciones de 2020. Una posición que respaldan sus votantes en un Estado que otrora fue republicano de pura cepa y que en los últimos 15 años ha ido oscilando a posiciones más demócratas. El gobernador Brian Kemp, uno de los republicanos que más se ha significado en descartar la existencia de un fraude, quedó reelegido por una cómoda mayoría en los comicios de medio mandato de noviembre del año pasado.
Aunque a simple vista el caso parece más limitado que, por ejemplo, el presentado por Smith en torno al gran bulo electoral de 2020, una imputación en Georgia podría conllevar complicaciones legales adicionales para el expresidente.
Trump ha insinuado que, de llegar a la presidencia de nuevo, proclamaría un autoindulto para cerrar sus casos. O bien podría nombrar a una persona afín al frente del Departamento de Justicia que diera carpetazo a las imputaciones federales. Pero en el caso de Georgia, al tratarse de un caso estatal, no podría hacer ninguna de las dos cosas.
“No solo no podría indultarse a sí mismo, sino que el proceso de indultos en Georgia implica que el gobernador Kemp tampoco podría hacerlo. Hay un panel [que decide los] indultos. Es un proceso más complicado”, declaraba a la cadena CNN el exfiscal federal Renato Mariotti el pasado sábado. “Tampoco podría cerrar la investigación de la misma manera”.
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