El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que avala la legitimidad del parque eólico de Campelo, desarrollado por Greenalia, anulando una decisión anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta sentencia representa un cambio notable en el proceso judicial, al considerar que la autorización administrativa otorgada a este proyecto no infringía la ley.
El caso generó controversia cuando el TSXG anuló la autorización del parque eólico, argumentando que el proyecto se había fragmentado para esquivar una evaluación ambiental más rigurosa. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su dictamen, señala que el compartir infraestructuras de conexión entre diversas instalaciones eólicas no significa automáticamente que deban evaluarse como un único proyecto desde el punto de vista ambiental. Según el alto tribunal, la decisión debe basarse en las circunstancias particulares de cada situación y estar sustentada en la normativa y jurisprudencia relevantes.
El caso había sido objeto de controversia después de que el TSXG anulase la autorización del parque eólico al considerar que se había producido una división del proyecto con el fin de evitar una evaluación ambiental más exhaustiva. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su resolución, establece que el hecho de que varias instalaciones eólicas compartan infraestructuras de conexión no implica necesariamente que deba considerarse como un único proyecto a efectos de evaluación ambiental. La decisión, según el alto tribunal, debe depender de las circunstancias específicas de cada caso y estar fundamentada en la normativa y jurisprudencia aplicables.
El fallo determina que la sentencia del TSXG «se aparta de la doctrina jurisprudencial» y que no se ajusta al marco legal vigente, motivo por el cual ha sido revocada. Con ello, la autorización administrativa otorgada para el parque eólico de Campelo queda ratificada, lo que supone un aval para el desarrollo de este proyecto en Galicia.
La Consellería de Medio Ambiente ha mostrado su conformidad con este dictamen judicial, afirmando que demuestra que la gestión ambiental llevada a cabo por el Gobierno gallego fue legal. Además, la Consellería subraya que no es la primera ocasión en que los tribunales apoyan la legalidad de su proceso ambiental, pues varias sentencias dictadas entre finales de 2023 y principios de 2024 han confirmado procedimientos análogos.
Por su parte, la patronal eólica gallega (EGA) ha acogido la sentencia con precaución. Aunque reconocen que representa un avance en los litigios que afectan al sector, señalan que aún resta resolver una cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según EGA, es crucial lograr mayor certeza y seguridad jurídica para asegurar el crecimiento del sector eólico, dado que en la actualidad hay más de un centenar de parques eólicos en Galicia que están en procedimientos judiciales o suspendidos de manera cautelar.
Un avance para la industria eólica
Un paso adelante para el sector eólico
No obstante, las dificultades legales y administrativas siguen representando un obstáculo significativo para el progreso del sector. Las exigencias de una mayor certeza jurídica por parte de los agentes involucrados evidencian la necesidad de un marco normativo más definido que facilite los trámites y evite prolongados procesos judiciales que demoren el avance de proyectos estratégicos para la región.
Sin embargo, los desafíos legales y administrativos continúan siendo un obstáculo importante para el avance del sector. Las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de los actores involucrados reflejan la necesidad de un marco normativo más claro que permita agilizar los procedimientos y evitar largos procesos judiciales que retrasen el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros litigios relacionados con autorizaciones de parques eólicos y la interpretación de las normativas ambientales. Aunque la última palabra podría recaer en el TJUE, esta sentencia refuerza la posición del sector eólico en Galicia y contribuye a dar un impulso necesario a la transición energética en la región.
