La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, tiene muchas más dudas que la segunda, Yolanda Díaz, a la hora de afrontar la compleja situación por la compra por parte del grupo saudí Saudi Telecom Company (STC) en el accionariado de Telefónica con casi un 10%. Díaz tiene clarísimo que hay que parar la operación, y llamó a Calviño el viernes para decírselo. “No podemos consentir que esta operación continúe”, dijo en público de forma tajante. La ministra de Economía, que está en Nueva Delhi como máxima representante del Gobierno español en la reunión del G20 -Pedro Sánchez no ha podido acudir porque ha dado positivo en la prueba de covid- no ha querido aclarar qué le contestó a Díaz, pero ha dejado claro que ella no tiene aún una decisión tomada y no ve que la única salida sea sí o sí parar la operación. “España es un país serio”, ha dicho Calviño como respuesta indirecta a Díaz. “Los intercambios que se producen en el Gobierno no son para andarlos comentando. Pero la posición del Gobierno es clara. Hemos reforzado los mecanismos de protección de los intereses de España haciéndolos compatibles con la atracción de inversión extranjera, que es muy importante para la modernización tecnológica de nuestro país. España es un país serio, haremos un análisis riguroso y aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico”.
La traducción es sencilla: Díaz ve claro que hay que parar la operación, Calviño no quiere tomar una decisión hasta estudiar bien las consecuencias. En Economía están especialmente preocupados por las reacciones. Arabia Saudí tiene grandes intereses en España y también es un cliente fundamental para grandes empresas españolas, especialmente navales y constructoras. Pero no solo Arabia Saudí: otros países están muy atentos a los movimientos del Gobierno para tomar decisiones sobre sus inversiones. Calviño cree prioritario mantener la imagen de España como un país con seguridad jurídica y abierto a la llegada de capital extranjero, cada vez más presente en las grandes compañías del Ibex 35, especialmente las energéticas pero también las de telecomunicaciones, como Telefónica.
Sin embargo, Sumar tiene clarísimo que hay que parar la inversión de un 10% de una empresa vinculada estrechamente al Gobierno de un régimen autoritario teocrático como el de Arabia Saudí como mensaje claro de que España defenderá sus intereses. En el sector socialista del Gobierno se extrema estos días la precaución, porque la cuestión es muy delicada, pero los mensajes que llegan hacen pensar que Pedro Sánchez y su equipo están pensando en la manera de frenar la operación o, al menos, condicionarla de manera muy fuerte para evitar que una empresa estratégica como Telefónica, la más relevante de todas y que fue pública hasta finales de los 90, caiga en manos de un Gobierno extranjero con muy mala reputación. El país, recordemos, fue acusado por EE UU de estar detrás del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. En cualquier caso la decisión no parece inminente. Fuentes del Ejecutivo se limitan a repetir que “todas las opciones están encima de la mesa”, también la de parar la operación, y para hacerlo hay muchos mecanismos posibles, aunque los saudíes, con asesores españoles, han rebuscado la legislación para tratar de evitar el veto del Gobierno.
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