Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, varios gobiernos de Occidente tomaron acciones drásticas para ejercer presión sobre Rusia, y una de las medidas más notables ha sido el decomiso de superyates de lujo de propiedad de oligarcas rusos. Aunque el objetivo era impactar al régimen de Vladimir Putin, esta táctica ha resultado en diversos problemas legales y financieros inesperados, que incluyen altos costos de mantenimiento que deben asumir los gobiernos encargados de confiscar estos barcos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del superyate Phi, valorado en 50 millones de dólares. Desde su incautación en Londres a principios de 2022, el lujoso barco ha permanecido varado en el muelle sur de Canary Wharf. Este yate es solo uno de los muchos que están siendo retenidos en diferentes partes del mundo. Aunque el objetivo principal de esta medida era presionar a la élite rusa y a Putin, el impacto financiero y los problemas legales relacionados con estos activos han puesto a prueba a los gobiernos involucrados.
Un trato complejo
El Phi y otros yates de lujo confiscados están causando problemas no solo por los costos de su mantenimiento, sino que también han llevado a disputas legales complicadas. En cuanto al Phi, su dueño, el empresario inmobiliario ruso Serguéi Naumenko, ha entablado varias demandas en el Reino Unido para recuperar la posesión de su yate. Aunque Naumenko no ha sido objeto de sanciones por el gobierno británico y no tiene conexiones directas con el Kremlin, las autoridades han justificado la retención de sus bienes como una medida válida para incrementar la presión sobre Rusia.
El dueño del Phi continúa esforzándose para liberar su embarcación, sin embargo, mientras tanto, el superyate sigue generando millones en gastos de mantenimiento. Estos costos se añaden a los de otros superyates rusos alrededor del planeta, los cuales no solo están imponiendo una carga financiera, sino que también están impactando las relaciones diplomáticas y comerciales a nivel internacional.
El costo elevado de poseer superyates
El mantenimiento de un superyate requiere una inversión considerable. Se calcula que el mantenimiento anual de un yate de lujo puede representar aproximadamente un 10% de su precio, lo que en el caso del Phi equivale a desembolsar millones cada año. Asimismo, otros superyates confiscados a oligarcas rusos, como el Sailing Yacht A en Italia o el Amadea en Estados Unidos, han acumulado costos de mantenimiento que exceden los 30 millones de dólares.
El gobierno italiano, por ejemplo, ha tenido que gastar más de 30 millones de dólares desde 2022 en mantener el Sailing Yacht A, un superyate valorado en 600 millones de dólares, cuyo propietario está bajo sanciones. De manera similar, en Estados Unidos, el gobierno ha invertido una cantidad significativa en el mantenimiento del Amadea, un yate de 106 metros de eslora, retenido en San Diego.
El hecho de que algunos propietarios de estos yates estén sujetos a sanciones ha complicado aún más la situación. Las leyes locales impiden que estos propietarios paguen por el mantenimiento de sus embarcaciones, lo que obliga a los gobiernos a asumir esta carga. En algunos casos, los gobiernos han considerado la venta de estos superyates como una solución, pero los complicados procedimientos legales han retrasado estos intentos.
La comercialización de los superyates: una solución poco clara
La venta de superyates confiscados podría ser una vía para recuperar los costos de mantenimiento y generar ingresos adicionales para los esfuerzos relacionados con la guerra en Ucrania. Sin embargo, este proceso ha sido más difícil de lo que muchos anticiparon. En algunos casos, como el del Royal Romance, el gobierno de Ucrania ha intentado vender un superyate incautado, pero ha enfrentado obstáculos legales que aún no han sido superados.
El Alfa Nero, otro superyate ruso retenido en Antigua y Barbuda, ejemplifica cómo las disputas sobre la propiedad pueden ocasionar conflictos legales adicionales. Tras la decisión del gobierno de Antigua de vender el yate por los elevados costos de mantenimiento, la hija de un empresario ruso sancionado presentó una demanda, reclamando que el yate es suyo. Aunque fue adquirido por un magnate turco, la disputa legal sigue en curso.
Estos procesos complejos de venta y la ausencia de una solución definitiva podrían desalentar a futuros compradores a intentar obtener estos bienes. Las entidades portuarias de distintos países podrían rehusarse a aceptar la titularidad de los yates transferidos, lo que añadiría más dificultades al comercio de estas naves.
Un porvenir incierto
En el Reino Unido, el futuro del Phi podría ser determinado por la Corte Suprema, que emitirá su decisión sobre dicho futuro este martes. Sin embargo, aun si el superyate es liberado, el proceso relativo a otros superyates confiscados probablemente se extenderá durante un período prolongado.
El destino de estos superyates permanece incierto, ya sea desde el aspecto legal o económico. En este tiempo, los gobiernos que tienen estas embarcaciones en custodia siguen lidiando con los costos de su mantenimiento, y la ausencia de un plan definido respecto a su futuro genera interrogantes sobre la efectividad de estas acciones en la oposición al régimen de Putin.
En última instancia, la confiscación de superyates rusos puede haber sido una acción simbólica, pero sus complicaciones legales y costos asociados son mucho mayores de lo que se había anticipado. El impacto de estas medidas sobre las relaciones internacionales y el comercio global aún está por verse, mientras los gobiernos occidentales intentan resolver este problema y determinar qué hacer con estos costosos activos de lujo.
